Por Ignacio Kokaly
Son aproximadamente las 10:30 de la mañana del sábado 22 de febrero. En las inmediaciones de la Escuela Militar, un pequeño grupo de manifestantes por el “Rechazo” levanta, entre frases reivindicatorias a la dictadura militar de Augusto Pinochet, banderas chilenas y pancartas en favor de la opción que busca mantener la Constitución Política firmada en dicho periodo de la historia de Chile.
La manifestación, presuntamente autorizada por la Intendencia de la Región Metropolitana, se desarrolla frente a funcionarios de Carabineros, destinados a velar por la seguridad del evento, generando escenarios extremadamente disímiles con los antes vistos en la Plaza de la Dignidad.
Se trata de los mismos actos desde distintas veredas políticas. No obstante, mientras las manifestaciones populares, que mantienen como punto neurálgico el espacio donde comienza la principal arteria capitalina, son cubiertas de gases lacrimógenos y los manifestantes asediados constantemente por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, las marchas por el “Rechazo” cuentan con el beneplácito y resguardo de la institución policial.
Y es que para la aludida jornada, hasta ese punto todo se desarrolla con la debida legalidad en las afueras del recinto militar, hasta que un manifestante de derecha quiebra la ley ante la mirada pasiva de Carabineros.
El hombre lleva un casco grisáceo que recuerda las viejas protecciones de las fuerzas armadas, viste una polera azul marino con las siglas A.I.P impresas bajo un logo que imita a la bandera chilena en el lado derecho de su pecho. Lleva puestas unas antiparras cuyo propósito no está muy claro y se encuentra armado con un bastón.
“Oye, venimos haciendo una marcha pacífica ¿y vienen a satanizarla estos culiaos? ¡Filmen allá, weones!”, grita el sujeto, paradójicamente preparado para el combate, antes de golpear y romper el celular de un reportero. La única razón: El lente de la cámara que registraba el momento.
En dicha instancia, varias fueron las denuncias de agresiones a la prensa. Sin ir más lejos, el propio equipo periodístico del diario The Clinic sufrió el robo y destrucción de sus equipos de trabajo por parte de manifestantes por el “rechazo”.
Tal como se aprecia en el material obtenido por Primera Línea Prensa, el hecho sucede frente a la mirada de Carabineros, que en ningún momento intenta frenar la agresión ni requisar el armamento que porta el hombre, situación que dio pie para que el gráfico agredido fuera, posteriormente, víctima de acoso y persecución por parte de un grupo más grande de adherentes al “Rechazo”.
Sin embargo, los agresores comparten una particularidad que les diferencia del estándar que cumplen los demás manifestantes por la opción. Se trata de pequeños grupos de civiles armados y organizados. Actúan al margen de la ley y justifican sus agresiones alegando defensa propia, como si la guardia de Carabineros de Chile, que cuida cada marcha autorizada por el “Rechazo” no fuese suficiente.
No es raro verlos pasearse con un vasto arsenal de armas no letales mientras recorren las calles, siendo en algunas ocasiones vitoreados por sus pares, creando imágenes que, con el paso del tiempo se han ido replicando.
En este contexto, el equipo periodístico de Primera Línea Prensa analizó legalmente el desarrollo de dichas manifestaciones bajo las condiciones descritas, fiscalizando el rol de Carabineros respecto al resguardo de éstas ¿Qué dice la ley?
Fue en 1983, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que se promulgó el polémico Decreto 1086 en un intento de coartar el libre derecho a reunión sin permiso previo, generando diversas críticas por dejar “en letra muerta” la garantía constitucional.
El mismo Decreto que utilizaron para aplacar manifestaciones en años previos a la revuelta popular del 18-O es el que ahora pone en entredicho las acciones de la institución policial, ya que, en su artículo 2, en el punto F, se cita un protocolo que Carabineros debe cumplir, sin distinguir la adherencia política de la manifestación, indicando que: “Se considera que las reuniones se verifican con armas, cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante. En tal caso las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública ordenarán a los portadores entregar esos utensilios, y si se niegan o se producen situaciones de hecho, la reunión será disuelta”, versa el texto.
Bajo esa lógica, ninguna manifestación por el “Rechazo” se podría realizar con la permanencia de dichos grupos armados en la marcha, ni menos, registrar agresiones contra otros civiles en presencia de los funcionarios, convirtiéndose en una negligencia por parte de Carabineros.
En sintonía con lo anterior, Primera Línea Prensa consultó con abogados expertos en la materia sobre las sanciones que dichas omisiones podrían tener, informando, además, sobre el protocolo y resguardo legal idóneo que cualquier agredido por estos grupos debe seguir.
“Poniéndome en el caso, y si me ocurre la situación que me estás contando tú, lo más importante sería tratar de captar las imágenes que pueda de las personas que me están agrediendo y, eventualmente de los Carabineros”, explicaron, añadiendo que “posteriormente se colocaría una denuncia en el Ministerio Público por el delito de lesiones y, además por el notable abandono de deberes militares en el caso de los Carabineros que no actuaron en la flagrancia del ilícito”, comentó un abogado que prefirió mantener su nombre en reserva respecto a las acciones legales a seguir.
Asimismo, el legalista menciona que “esperaría que la Fiscalía, aportando antecedentes –porque si no aporto antecedentes, ninguna foto, ninguna imagen, ningún nombre de un carabinero, probablemente esa causa se va a archivar y quedar en el olvido- y si la investigación diera frutos, pensaría eventualmente en una querella (…) Y en el caso de identificar algún carabinero, por el notable abandono de deberes militares, esperaría una indemnización de él y el Estado de Chile. Pero insisto, todo depende del aporte de pruebas para poder individualizar”, cerró el abogado.
Por su parte, una colega del legalista, fue enfática en aclarar a este medio que dicho incumplimiento sería un “delito de carácter militar. Eso no se ve en la justicia ordinaria, es por eso que se hace el hincapié en que es abandono de deberes militares”, explicó.
Es preciso recordar, que durante la jornada de este sábado, diversas agresiones se registraron en la marcha por la opción política, donde grupos agredieron a personas con gas pimienta y elementos contundentes, siendo el periodista de Chilevisión, Rafael Cavada, uno de los principales afectados tras ser salvajemente atacado con bates.
