Dani K Arroyo
Bajo la mirada del país y del movimiento feminista, ayer comenzó el proceso de formalización de Martín Pradenas Durr, imputado por la violación de Antonia Barra, quien se suicidó luego de la violencia que sufrió, y otras cuatro jóvenes de entre 13 y 19 años de edad, entre el 2010 y el 2019. Dos de los delitos expuestos fueron prescritos el mismo día de ayer, debido al tiempo transcurrido entre el presunto delito y la formalización, y la formalización continúa hoy. A la hora de escritura de esta columna, el juez de garantía a cargo del caso desestimó la existencia de 3 de los 4 delitos que quedaban, y solo quedó acreditada la violación contra Antonia Barra. Esto significa que las víctimas de Pradenas no solo han pasado hasta 10 años sin reconocimiento de sus casos, pero que al final del día estos casos no obtuvieron un reconocimiento institucional del todo.
Por otra parte, a lo largo del proceso de fiscalización, al abogado de Pradenas, Gaspar Calderón, ha comentado que Antonia “se tomó una botella de champaña entera” y que “acostumbraba hacerlo”, como forma de deslegitimar la acusación de violación y tachar el hecho de “algo ambiguo”. Más aún, trató con tanta ligereza las acusaciones contra el imputado que llegó a comentar que “a todos nos pasan cosas desagradables” y sostener que Antonia “no se suicidó por esta presunta violación”. De esta forma, Calderón repite ante los ojos de la ley – y tras la validación de esta misma – dichos que toda mujer o persona feminizada que ha sufrido violencia de género ha escuchado mil veces para poner sus vivencias en duda, o culparlas a ellas mismas por la violencia que han sufrido. Estamos hablando de un proceso de re-traumatización para víctimas y sobrevivientes de violencia de género y de violencia sexual.
Los límites del sistema judicial se ven expuestos con claridad. No hay forma en que este proceso le entregue a Antonia ni a las otras víctimas de Martín Pradenas la justicia que ameritan, sea cual sea el resultado final del proceso contra Pradenas. Y esto no es más que el último ejemplo en una larga historia de como el poder judicial, y la institucionalidad a mayores rasgos, le ha fallados a mujeres y personas feminizadas. Según Miles Chile, entre el 2010 y el 2014 la Fiscalía Nacional registró 11.848 causas de violación a mujeres, de las cuales un 7.583 fueron archivadas provisionalmente, sólo 790 recibieron condenas definitivas, y 180 fueron absueltos[1]. Es decir, entre estas fechas, solo un 6,66% de las causas llegaron a una condena definitiva para los imputados, y más del 64% fueron archivadas. Y estos datos, evidentemente, son solo considerando los casos de delitos sexuales que se denuncian ante el poder judicial. El fenómeno de la no-denuncia de violaciones y otros delitos sexuales es un fenómeno más que documentado, que se debe a muchos factores incluyendo las trabas que existen en el sistema judicial y la dificultad de vivir un proceso judicial para las víctimas y sobrevivientes de estos delitos. Esto sin si quiera abarcar otros tipos de violencia de género, como lo son los femicidios, violencia contra mujeres trans y/o lesbianas, o la violencia intrafamiliar, donde también se observan alarmantes grados de impunidad.
Aún para los procesos en los cuales se llega a una condena definitiva, nos podemos preguntar si esto constituye efectivamente justicia para las personas sobrevivientes de esta violencia. Estamos hablando de casos penales que duran, y que en muchos casos re-traumatizan a la víctima con cuestionamientos tales como los que realizó el abogado Calderón sobre Antonia Barras. Esto no puede ser llamado justicia, solo genera aún más daño en la persona sobreviviente del delito sexual. Además, el proceso carcelario so garantiza en nada que alguien condenado por delitos sexuales (que, recordemos, son la gran minoría) no vuelva a reincidir. Un estudio realizado a lo largo de 9 años en Estados Unidos por la Oficina de Estadísticas Jurídicas determinó que las personas que cumplieron una condena penal con respecto a un delito sexual son tres veces más propensas a ser arrestadas nuevamente por un delito sexual[2] (y al decir esto, hay que nuevamente tener en cuenta la cantidad de delitos sexuales que nunca se denuncian, y por ende nunca hay una detención). Es decir, más que evitar delitos sexuales, el sistema judicial y carcelario solo agudiza el problema de la violencia de género. ¿Cómo podemos hablar de justicia en un sistema judicial y carcelario que re-traumatiza a las víctimas de la violencia sexual, les niega sus experiencias y la culpa por la violencia que vivieron, y que además genera más de estos tipos de delitos? Simplemente, cualquier noción de justicia no es compatible con la institucionalidad jurídica y carcelaria que tenemos.
La justicia institucional nunca ha sido para nosotras. Más bien, es un instrumento construido para mantener impune a los hombres que nos violentan y protegerlos de una justicia real. No podemos esperar más de este sistema que perpetuar las desigualdades (de género, de clase, etc.) que existen – está diseñado para hacerlo. Quiero más justicia para Antonia Barra, para Nicole Saavedra, para Ana Cook, y todas las otras víctimas que la que jamás me podrá entregar la institucionalidad penal que tenemos.
[1] https://mileschile.cl/cms/wp-content/uploads/2019/01/Informe-DDSSRR-2016-Violencia-Sexual.pdf
