Por Dani K. Arroyo
Mientras el gobierno de Sebastián Piñera se declaraba “en guerra” contra el pueblo chileno movilizado durante la Revuelta Popular que estalló en octubre del 2019, pasó desapercibida la guerra que el Estado chileno protagoniza hace años en el territorio que reclama como suyo. Me refiero, por supuesto, a la guerra del Estado chileno contra el pueblo mapuche, el cual lucha en resistencia al colonialismo winka desde antes de la consolidación de la nación chilena. Esta guerra de colonización comenzó mucho antes de la llegada del actual mandatario al poder, pero es innegable que durante los dos años del gobierno de Sebastián Piñera, ha habido una agudización en la agresión chilena contra el pueblo mapuche.
Antecedentes históricos
El pueblo mapuche lleva décadas de lucha de decolonización contra la fuerza represiva del Estado chileno. Históricamente, los gobiernos de Chile han buscado la explotación del territorio del Wallmapu, a través de los proyectos extractivistas de las industrias forestales, energéticas y turísticas, en el nombre del capital nacional y extranjero. La apropiación con fines económicos de las tierras mapuches remontan a la época colonial, pero dentro de la memoria reciente basta recordar la construcción de la Represa Ralco en los años 90 para entender que es un proceso histórico que en ningún momento fue puesto en pausa.
Para lograr sus fines, el Estado no ha tenido pudor en recurrir a tácticas sucias. La denominada Ley Antiterrorista, promulgada en dictadura, se ha aplicado de forma continua aún en democracia contra dirigentes/as mapuches. Uno de los incidentes más mediatizados fue la Operación Huracán, el montaje realizado por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia en el 2017 (durante el gobierno de la Presidenta Bachelet), que terminó en la detención de ocho comuneros mapuches. Es sobre este escenario histórico que el gobierno de Sebastián Piñera se apoya para expandir el aparato de guerra en el Wallmapu.
Militarización del Wallmapu
Desde su llegada al poder, el mandatario de derecha ha apostado por la militarización del Wallmapu. Con un discurso de “terrorismo en la Araucanía”, a través del cual acusa al pueblo mapuche de causar incendios y criminaliza su lucha, Piñera ha logrado sentar un operativo de guerra en las regiones de mayor conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Como bien lo señala Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), en un panel con Vocesenlucha, la militarización del Wallmapu se puede observar en los miles de efectivos de Carabineros y GOPE situados en el territorio, armados con equipamiento de alta tecnología, blindados, moviéndose en avionetas y helicópteros diseñados para no ser detectados, y sistemas de vigilancia que incluyen drones. A esto se suma la aplicación de las leyes Antiterrorista y de Inteligencia en contra de dirigentes y weychafes mapuches. El ejemplo más claro de la perspectiva de guerra con la cual el gobierno ha abarcado el conflicto es la introducción del famoso “Comando Jungla” al territorio. Dentro de los primeros tres meses de su mandato, en junio 2018, el Presidente anunció que el Comando Jungla sería una “policia antiterrorista” que se desplegaría en las regiones de Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos. En una movida que trae a la mente la Escuela de las Américas, el Comando Jungla consistía en efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) entrenado en tácticas antiterroristas en Colombia y Estados Unidos.
Todas estas tácticas de guerra se aterrizan en casos concretos de represión, montajes, y persecución de dirigentes. Sin duda, el caso más conocido es el del weychafe Camilo Catrillanca, asesinado en Temucuicui en noviembre 2018 por efectivos del mismo Comando Jungla. Catrillanca recibió un proyectil en la cabeza disparado por el sargento Carlos Alarcón, y luego de su muerte fue culpado de un robo de vehículos para justificar su asesinato. El Estado chileno y figuras políticas importantes como el senador por la Araucanía, Felipe Kast (presidente y fundador del partido Evolución Política, Evopoli) aseguraron ver videos que corroboraban la versión de los hechos promulgada por los oficiales del GOPE, pero todos estos fueron desmentidos y por fin se supo la verdad – el Comando Jungla entró sin provocación alguna a Temucuicui con las intenciones por lo menos de provocar un incidente, si es que no derechamente de asesinar a Catrillanca. En efecto, Catrillanca fue asesinado porque, en tanto que dirigente mapuche, era enemigo del Estado chileno. Este es solo un incidente en un patrón mucho más amplio de la violencia que ejerce el Estado chileno hacia el pueblo mapuche, y como este se ha visto agudizado en los últimos dos años del gobierno de Piñera. Sin embargo, ilustra bien la tendencia que Héctor Llaitul señala acertadamente: todo este operativo de guerra constituye una vuelta sistemática a la lógica dictatorial, donde se pone en marcha la idea de un “enemigo interno bajo la doctrina de seguridad nacional para establecer un conflicto de baja intensidad”, esta vez situado en el sur de Chile y del Wallmapu. Todos estos esfuerzos de vigilancia y monitoreo que se extienden hasta hoy parten desde la clase dominante (política y empresarial) para mantener al pueblo mapuche reprimido y asegurar la continuidad del statu quo.
La violencia económica del neoliberalismo en las tierras mapuches
La agenda que se busca impulsar a partir de esta guerra contra el pueblo mapuche es, nuevamente, una agenda capitalista y neoliberal que permite la explotación de las tierras y recursos del Wallmapu para enriquecer al empresariado nacional e internacional. La estrecha relación entre el gobierno de Piñera y la clase empresarial está bien documentada, por lo que no resulta sorprendente que los esfuerzos del gobierno tornen al rededor de los intereses de esta.
Una de las tempranas acciones del gobierno de Piñera fue el “Plan de Desarrollo y Paz para la Araucanía”, anunciado en septiembre 2018, meros meses antes del asesinato de Catrillanca. Claramente, nos podemos cuestionar la noción de “paz” que quiere imponer el gobierno en la región, pero también es necesario analizar lo que quieren imponer con el “desarrollo” del territorio. El Plan buscaría la creación de empleos y el fortalecimiento de la infraestructura económica y social en los territorios conflictivos. Para esto, contemplaba una inversión de USD 8.200 millones a lo largo de los próximos 8 años. En su cuenta pública del año 2019, el mandatario resaltó las supuestas ganancias del Plan Impulso Araucanía: un crecimiento que subió del 2,8% en el 2017 a un 6,5% en el 2018, y una tasa de desempleo que bajó del 8,8% al 6,2%. Pero estas cifras, como todas las cifras, solo cuentan una fracción de la historia real. En primer lugar, podemos cuestionar la naturaleza de los nuevos trabajos que han permitido bajar el desempleo en la región – ¿son trabajos dignos? ¿Bien remunerados? Según el Informe de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el porcentaje de pobreza en la región de la Araucanía se ha mantenido entre 17% y 17,2% entre el 2017 y el 2019, dejando a la Araucanía consistentemente como la región con mayor pobreza del país. Es decir, ha caído el desempleo, pero no ha bajado la pobreza. Los nuevos trabajos que introdujo el gobierno de Piñera en la región, entonces, son más bien una nueva forma de explotación del capital humano que una manera de permitir mejores condiciones de vida a las personas.
También nos podemos cuestionar la figura del desarrollo. Las industrias que se desarrollan en el Wallmapu son principalmente las industrias forestales, energéticas y turísticas. El daño material que causan estas industrias en el medioambiente, en particular las empresas forestales y las energéticas, es evidente y está en oposición a las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche. La industria turística, además del daño medioambiental que provoca, también trae un daño cultural al exotizar la cultura mapuche y tratar a las personas mapuche como un “otro”. Las inversiones propuestas en el plan de desarrollo estaban previstas principalmente al fortalecimiento de estas industrias, que están en manos de familias como los Matte o los Angelini, que cuentan con más de 2 millones de hectáreas de territorio mapuche usurpado que explotan a detrimento del medioambiente y las comunidades que habitan el territorio.
Este énfasis en empleo y desarrollo como los mecanismos principales para asegurar la “paz” en Wallmapu – de la mano con las tácticas represivas – es una forma de imponer el modelo neoliberal por las buenas o por las malas, donde la opción está en aceptarlo por la vía de la guerra o por la vía de la economía. Es la respuesta de un Estado capitalista, que ante la demanda histórica del pueblo mapuche que exige la recuperación de sus tierras contesta con migajas en la forma de “empleos” precarios (explotación de las personas) y “desarrollo” que trae devastadoras consecuencias socioambientales para la región (explotación de las tierras). Es una respuesta que sin duda va mucho más allá de un solo gobierno, pero que encuentra su nicho perfecto en la presidencia de un empresario.
