Por Alexis Polo
Hoy, lunes 25 de mayo, en un nuevo reporte de cómo ha evolucionado el COVID-19, Jaime Mañalich entregó las cifras de las últimas 24 horas: 4.895 nuevos casos, alcanzando la cifra de 73.997 personas contagiadas en el país, siendo Chile uno de los países más afectados de la región. El número de fallecidos alcanzó las 761 personas, luego de que se marcara otro récord negativo, con 43 muertes en un día. A pesar de todo lo anterior, el mismo Mañalich, quien anteriormente en conjunto con Sebastián Piñera llamaran a una nueva normalidad y retorno seguro, volvió a insistir en el concepto de “nueva normalidad”, argumentado que “varias ciudades que han tenido brotes importantes han sido capaces de ver la luz al final del túnel y salir de estas medidas, y quedar con una suerte de nueva normalidad”.
Con un par de minutos de diferencia, Sebastián Piñera realizó un nuevo punto de prensa en La Moneda. Esta vez para anunciar con bombos y platillos la rebaja de la dieta parlamentaria. Como si el pueblo debería aplaudir tal medida, teniendo en consideración que el sueldo bruto de los legisladores es de $9.349.851. A esto se suma una asignación para gastos de funcionamiento de entre $23.632.824 a $24.135.844 mensuales -dependiendo de la región- para cada senador y de unos 11 millones 500 mil pesos al mes para cada diputado. En resumidas cuentas, y sin las asignaciones, los “honorables” parlamentarios de nuestro país ganan al mes el equivalente a 31 sueldos mínimos de $301 mil.
Además, Sebastián Piñera llamó a “todos los sectores políticos” a un “Gran Acuerdo Nacional”. ¿Las palabras les suenan conocidas? Fue prácticamente el mismo libreto utilizado por el ejecutivo para intentar salir de la crisis política y social en noviembre del año 2019. Sin embargo, Piñera se vuelve a equivocar, la legitimidad de “todos los sectores políticos” es nula. Porque cuando Piñera habla de todos los sectores políticos hace referencia a quienes han gobernado el país durante los últimos 30 años, los mismos que recibieron orden directa de los empresarios para saber cómo aprobar y legislar la Ley de Pesca. Son los mismos que han perfeccionado las leyes represivas para coartar las manifestaciones. Son los que aprobaron la Ley Antibarricadas y Antisaqueos que tienen a más de un centenar de presas y presos políticos. Son los mismos que “donaban” la mitad de sus sueldos a fundaciones, pero solo era para la caja fuerte de su mezquino partido político.
Sebastián Piñera no tiene vergüenza al llamar a “un Gran Acuerdo Nacional”, pero “responsable con los fondos fiscales” cuando ha sido él quien ha gastado más de 15 millones de dólares en los aparatos represivos en plena pandemia. Además, ha ingresado un proyecto de ley que, de aprobarse, lo blindará de la justicia internacional por las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país desde el 18 de octubre en adelante.
Mientras Piñera y el ejecutivo se pierden en su verborrea y promesas al aire, en las poblaciones la desesperación crece de manera rápida. El lunes pasado, en la comuna de El Bosque, se produjeron una serie de manifestaciones producto del hambre que se vive en el lugar. Estas protestas crecieron y se multiplicaron en distintos puntos de la Región Metropolitana: Cerrillos, Cerro Navia, Estación Central, La Granja, La Pintana, Peñalolén, Pudahuel, Puente Alto y Renca se unieron al grito desesperado contra el hambre.
Mientras el gobierno busca solucionar todo entre cuatro paredes con los mismos de siempre y haciendo un llamado a respetar la cuarentena, porque claro, ellos no pasan hambre, no lloran de desesperación intentando inventar alguna respuesta para darle de comer a sus hijos, el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de este sistema criminal que se ha intensificado a partir del COVID-19.
