Dani K. Arroyo
El 19 de abril, el Presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional que debíamos alistarnos para regresar a una “nueva normalidad” en el contexto de la crisis sanitaria por la expansión del Covid-19 en Chile. Cinco días después, el 24 de abril, el mandatario cambió la consigna de la “nueva normalidad” por el denominado “Plan Retorno Seguro”, con el fin de aterrizar en esta nueva forma de existir bajo la permanente amenaza del contagio. Luego, una semana y media más tarde, el 6 de mayo, el gobierno se encontró cara a cara con el “peak” de contagios – es decir, el principio de un inminente colapso en el sistema de salud. Así todo, y a pesar de contar con los antecedentes suficientes para ejecutar una estrategia de control más masiva, no fue hasta el 13 de mayo que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, decretó cuarentena total para el Gran Santiago y algunas otras comunas de la Región Metropolitana, incluyendo Buin, San Bernardo y Puente Alto, entre otras.
El lento pero certero paso de una “nueva normalidad” a un “Plan retorno seguro” y luego al “peak de contagios” para desembocar en la ahora impuesta “cuarentena total en Santiago”, es solo uno ejemplo de cómo el gobierno se ha visto obligado a retroceder dos metros por cada paso que dio hacia la imposición de la normalidad. Sin embargo, el mismo concepto también se pudo apreciar en la eliminación de los planes del Carnet COVID, en cómo se han mantenido cerrados los colegios pese a la seguridad de volver a clases después del 27 de abril, en la icónica apertura y posterior re-cierre del Mall Apumanque, convirtiendo todas estas acciones en burdos intentos por reactivar la economía, basando todo en un discurso de normalidad sin sustento y obligando a abortar cada medida por la dura realidad de la pandemia, donde la las respuestas y acciones frente al fracaso de las estrategias han llegado con días, si es que no semanas, de latencia, dejando, de forma por lo demás irresponsable, que la crisis siguiera calando hondo en el país.
En las semanas entre que se anunció la “nueva normalidad” y el decreto de cuarentena total en Santiago, fallecieron 214 personas por COVID-19, según dictan las cifras del Ministerio de Salud. El lujo del tiempo se pagó con vidas, y eso lo saben; por la misma razón hay algo en lo que el Minsal se ha mostrado dispuesto para actuar con rapidez y eficacia: la creación de nuevas tumbas. Bajo esta lógica, en preparación al peak de contagios, la Seremi de Salud le solicitó en abril al Cementerio General el alistamiento de 3.000 nuevas tumbas, de las cuales 1.700 ya están terminadas, con trabajadores/as cumpliendo turnos completos para acabar la obra. Parece ser que la vida es un precio que el gobierno está dispuesto a pagar por su danse macabre con el tiempo.
La pregunta lógica que emerge es, simplemente, ¿por qué? ¿Qué ganan con unas semanas de relajo? ¿Qué es eso tan valioso que importa más que 214 vidas? Nada más ni nada menos que la economía.
Las insuficientes medidas sanitarias del gobierno aseguran que los trabajadores y trabajadoras productivos/as se puedan seguir presentando en sus puestos sin mayor inconveniente para sus empleadores. Mientras, la latencia es un último salvavidas de la clase empresarial para proteger sus márgenes de ganancia.
Todavía podemos escuchar el eco de las infames palabras del Director de Inversiones de Larraín Vial: “No podemos seguir parando la economía y debemos tomar riesgos y eso significa que va a morir gente”. En estas palabras, se evidencia la oscura necropolítica del empresariado y del gobierno: no solo es aceptable, sino deseable, sacrificar a 214 personas (y prontamente, muchas más) en el altar al capital.
El lujo del tiempo, del cual hace uso el gobierno con todo relajo, no es más que otro acto de violencia por parte de la clase dominante.
