Durante los últimos meses el Ministerio de Educación (MINEDUC) viene impulsando una serie de medidas para intentar lidiar con la cuarentena por COVID-19. Entre estas medidas la que más ha afectado a los y las estudiantes a lo largo de varias regiones de nuestro país son las clases no-presenciales en modalidad online.
Esta modalidad, implementada desde la llegada de la pandemia a nuestro país, ha resultado ser uno de los tópicos que más tendencia ha tenido entre asambleas estudiantiles, cuerpo docente y funcionarios de muchas universidades, dado que esta medida, muy lejos de ofrecer una solución concreta al derecho educativo que debiese tener la totalidad de la población de nuestro país, ha resultado dar cuenta de una inmensa franja de segregación y marginación que el Ministerio de Educación se ha esforzado por ignorar.
Por uno de los lados de esta franja están quienes no cuentan con la infraestructura necesaria como para acceder a una clase online, o sea, que no cuenta con una conexión fija a internet, o que derechamente no tiene un dispositivo que le permita conectarse de forma adecuada a la plataforma donde se realicen sus clases. Y por otra parte, estarían quienes sí tienen conexión e infraestructura, pero que tienen que enfrentarse a una larga serie de problemáticas que no se están tomando en cuenta y que no permiten dar con un proceso concreto y eficaz en la formación de las millones de personas que hoy forman parte del sistema educativo. Además de las problemáticas ya mencionadas, podemos agregar a la lista la falta de computadores en los hogares en el caso de que haya más de un/a estudiante o trabajador/a que necesite del equipo, la inexistencia de redes de internet aptas para la conexión a clases en línea -cosa que es diferente a no contar con conexión a wifi o internet móvil, hay lugares donde simplemente no llega la señal-, inexistencia de lugares de estudio alejados de distracciones para el o la estudiante, la desconsideración de las necesidades particulares de estudiantes con discapacidad, la invisibilización de la violencia existente en muchos hogares, la inexistencia de capacitación docente frente a un escenario de enseñanza completamente nuevo y así podríamos seguir enumerando en una larga página.
Esta franja segregativa, a más de un mes iniciadas las clases, excluye de forma directa a quienes no cumplan con los requisitos geográficos -en el caso de la señal de internet- y socioeconómicos -en el caso de medios físicos- para poder conectarse a sus clases y así recibir una formación que ya es deficiente y que, como si todo lo anterior fuera poco, tiene que pagar. Esto deja en evidencia que el MINEDUC hoy, en línea con el gobierno y con el Ministerio de Salud, no está velando por la totalidad de la población afectada por la pandemia si no que solo para algunos grupos, que por lo general, son los que tienen más recursos y comodidades. Todo esto deja claro que en Chile no existen las condiciones morales por parte de las autoridades para llevar un proceso de enseñanza durante la pandemia, ya que nuevamente, la prioridad no son las personas -ni menos la personas pobres- sino que resguardar los bienes económicos ante una crisis venidera.
