Aún no sabemos cuáles serán las reales consecuencias de la revuelta popular iniciada el 18 de octubre en nuestro país. Lo que sí conocemos son las huellas que ha dejado el gobierno en su intento desesperado por defender y mantener los privilegios del sistema neoliberal, cada vez más desacreditado y cuestionado por su incapacidad de dar respuestas a las necesidades urgentes del pueblo.
La crisis sanitaria y social, derivada del Covid-19 y exacerbada por el mal manejo de Sebastián Piñera, no ha hecho más que dejar en evidencia la desigualdad y el uso de la represión como método de control social, denunciado por millones de personas durante 5 meses ininterrumpidos de protestas a lo largo del país.
Las fuerzas represivas actúan como una policía política-militarizada, una especie de guardia pretoriana del sistema capitalista en general, del gobierno en particular y de una clase socio-económica minoritaria, caracterizada por su orientación religiosa conservadora, de tintes fascistas y disfrazada, oportunamente, de liberales. Clase que, además, es representante de los grandes grupos económicos (mineras, forestales, pesqueras, bancos, retail, AFP), que manejan enormes recursos financieros con los cuales intervienen en el ordenamiento político y jurídico del país.
Para intentar dirigir y justificar la represión contra la protesta social, Sebastián Piñera declaró el 20 de octubre del 2019 a todo el país que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”, idea reforzada con la filtración del audio de Cecilia Morel en el cual se refería a las manifestaciones como “una invasión alienígena”. Pero ¿qué hay detrás de estas frases? Tras ellas está el objetivo de deshumanizar al “otro”, los no-humanos, por ende, sujetos carentes de todos sus derechos esenciales.
Tengamos presente, además, las imágenes que acompañaron la declaración del 20 de octubre. Sebastián Piñera, acompañado del, ahora exministro de Defensa, Alberto Espina y rodeado de altos mandos militares en tenida de combate con un mapa de Santiago de fondo, interpretando el papel de un general disponiendo órdenes tendientes a enfrentar y derrotar al enemigo. La farsa de un líder tras el cual deben alinearse los poderes del Estado, sus medios represivos y de guerra, sumando a los medios de comunicación institucionalizados. Fue un intento desesperado, pero consciente por instalar y aprovecharse del miedo y así aplastar el descontento social.
Siguiendo esa doctrina se llegó al extremo de montar una operación que involucró al diario La Tercera, que el 27 de octubre publicó una noticia muy confusa que permitía relacionar la detención de extranjeros, supuestos agentes de servicios de inteligencia venezolanos y cubanos, con la quema de estaciones del Metro de Santiago, información suministrada a algunos medios de prensa por agentes policiales y canalizada por La Moneda. La oportunidad fue convenientemente aprovechada por fanáticos de extrema derecha para sembrar el pánico a través de las redes sociales con la idea imaginaria de una intervención extranjera interesada en desestabilizar al gobierno, teoría que el propio ejecutivo mantuvo en pie por varias semanas. La Tercera debió publicar una aclaración al día siguiente: “Reconocemos que fallamos -como equipo periodístico- en contrastar esa información con terceras fuentes que permitieran dar sustento a esos antecedentes”. El daño ya estaba hecho.
Una vez que el gobierno utiliza al Estado y sus agentes para que apliquen el monopolio de la fuerza -desproporcionado- contra un supuesto enemigo interno, ayudado y financiado, supuestamente, por agentes extranjeros, con características no-humanas, no puede sorprendernos el resultado: graves violaciones a los Derechos Humanos, denunciadas en diversos informes realizados por organizaciones internacionales; como la de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional; que coinciden en la gravedad y lo generalizado de las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de orden y seguridad en contra de la población en el marco del uso de su legítimo derecho a la protesta de millones de personas que se han manifestado a lo largo de los meses.
El informe, de 218 páginas, realizado por la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y presentado en enero de 2020, establece que “se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, imputables a agentes del Estado de Chile”. Agregando que, “se han vulnerado los estándares del derecho internacional de los derechos humanos respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario, legal y proporcional de la fuerza, lo que ha derivado en una grave crisis de derechos humanos en el país”. Además, el texto agrega que se violaron “los derechos a la vida, integridad física y psíquica, indemnidad sexual, salud, libertad personal, reunión y libertad de expresión”.
El 20 de febrero el Poder Judicial, por su parte, reveló un aumento del 77,7% en detenciones ilegales cometidas por Carabineros desde el inicio del estallido social hasta el 17 de enero de 2020, correspondientes a 1.288 casos sólo en el mes de octubre.
En el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentado el 19 de marzo, se consigna que entre el 18 de octubre y el 13 de marzo “1.234 personas han sido víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, en tanto 282 personas han sido víctimas de tortura con violencia sexual. 34 personas han sido víctimas de homicidio frustrado a manos de agentes del Estado”.
Además, el informe da cuenta de 270 casos por torturas con violencia sexual contra 85 mujeres adultas; 115 hacia hombres adultos; 28 niñas y 42 niños.
A lo descrito en el párrafo anterior se añade, un total de 3.838 personas heridas que han sido constatadas en visitas a recintos sanitarios, cifra que no representa -advierte el informe del Instituto- al universo de personas heridas desde el inicio de la crisis social, “sino que es sólo una muestra de casos observados o confirmados por el INDH. Esto significa que la cantidad total de personas heridas por acción de agentes del Estado puede ser mayor a la reportada por el Instituto”.
El origen de las lesiones más frecuente -agrega el mismo informe- son los proyectiles de arma de fuego, que suman 2.133, un 55% del total. Entre ellos, los perdigones son el grupo mayoritario con 1.687 casos.
Una de las consecuencias más notorias del actuar policial tras el inicio de la revuelta popular es la alta cantidad de personas con heridas oculares resultantes del uso indiscriminado, excesivo y fuera de protocolo de armas de fuego y otros proyectiles. Las y los observadores del INDH han recopilado información sobre un total de 460 lesiones oculares desde el inicio de la crisis social, 15 más desde el último reporte, de los que una mayoría, el 92% del total, corresponden a diagnósticos por lesión o trauma.
Lo anterior demuestra que el disparar al rostro de los manifestantes se mantuvo como una práctica sistemática a pesar de las denuncias, de las recomendaciones hechas por organizaciones médicas, jurídicas y de DDHH, además de conocer los casos emblemáticos como el de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, sin saber -hasta hoy- quiénes son los responsables.
Y como si no fuese suficiente el horror que reflejan estos informes, hasta el 7 de marzo de 2020 se registraban 35 fallecidos por diversas causas y circunstancias: Mateusz Maj, Paula Lorca, Alicia Cofré, Renzo Barboza, Manuel Muga, Andrés Ponce, Yoshua Osorio, Julián Pérez, Luis Salas, Romario Veloz, Kevin Gómez, José Arancibia, Eduardo Caro del Pino, Manuel Rebolledo, José Uribe, Alex Núñez, Mariana Díaz, Joel Triviño, Cardenio Prado, Agustín Coro, Maicol Yagual, Héctor Martínez, Robinson Gómez, Abel Acuña, Mauricio Fredes, Jorge Mora, Sergio Bustos, Ariel Moreno, Cristián Valdebenito, más 6 personas que aún no han podido ser identificadas.
De todos ellos, conocemos 9 personas que fallecieron por la acción directa o indirecta de carabineros y miembros de las FFAA. El día 20 de octubre de 2019 Romario Veloz y Kevin Gómez murieron por disparos realizados por patrullas militares en la ciudad de La Serena y Coquimbo, respectivamente. Manuel Rebolledo, el 21 de octubre, muere atropellado por un camión de infantes de marina que lo persigue a gran velocidad con la clara intención de arrollarlo en la ciudad de Talcahuano. Alex Núñez, el mismo 21 de octubre, murió producto de una salvaje golpiza propinada por carabineros de la comuna de Maipú. Abel Acuña, el 15 de noviembre, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras participaba en una manifestación masiva en la Plaza de la Dignidad, Santiago. Testigos, con el apoyo de videos, dejaron en evidencia cómo Carabineros dificultó el trabajo de los equipos de primeros auxilios, haciendo uso de perdigones, carros lanza-aguas y gases lacrimógenos contra dicho personal. Mauricio Fredes, falleció el 27 de diciembre por asfixia por sumersión al caer dentro de un foso con cables electrificados y agua mientras escapaba de un carro lanza agua a una cuadra de la Plaza de la Dignidad en Santiago. Jorge Mora, murió atropellado el 29 de enero de 2020 por un camión de Carabineros en las afueras del estadio Monumental tras un partido jugado por Colo-Colo. Ariel Moreno, el 31 de enero, falleció por un impacto de bala en su cabeza durante un enfrentamiento con carabineros, la madrugada del jueves 30 de enero, en el contexto de protestas por la muerte de Jorge Mora. El hecho se produjo en el exterior de la Subcomisaría de Carabineros de Padre Hurtado. Cristián Valdebenito falleció el 7 de marzo a causa de un traumatismo encéfalo craneano debido el impacto de una bomba lacrimógena disparada por carabineros, según lo relatado por testigos. El hecho se produjo durante manifestaciones en la intersección de Alameda con Ramón Corvalán el 6 de marzo.
Con la llegada de la pandemia del Coronavirus a Chile, se detuvo casi la totalidad de las protestas en el país. El gobierno ha sabido aprovechar los confinamientos para recuperar un poco de popularidad y ganar tiempo en fortalecer su agenda represiva. Sin embargo, Piñera ha reconocido, en distintas reuniones efectuadas entre el 12 y 13 de mayo, su preocupación -según informa La Tercera- por las “cinco crisis” que deberá enfrentar una vez terminadas las cuarentenas: la pandemia, las consecuencias de la crisis social del 18 de octubre, los efectos económicos internacionales por el virus, la crisis social que viene pospandemia y la sequía.
Es por ello que -y a pesar de las múltiples expresiones de preocupación y recomendaciones hechas por todos los organismos internacionales que han conocido en terreno las graves violaciones de DDHH- el ejecutivo y un sector importante del Congreso han estado preparando y promulgando una serie de proyectos y leyes para entregar mayores atribuciones y recursos a Carabineros y las FFAA. Lo anterior acompañado de un entramado legal para endurecer y proteger a los agentes del Estado que realicen labores de persecución y represión contra la protesta social y las organizaciones sociales que han surgido de forma espontánea en los territorios movilizados, sin el temor de ser perseguidos posteriormente por crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, busca el endurecimiento -aún más- de las penas hacia quienes participen de las movilizaciones, ya no importando (en realidad, nunca ha importado) si el carácter de la manifestación es pacífica o violenta.
El gobierno continúa fiel a su idea de plantear que los problemas surgidos de la revuelta popular y la pandemia corresponden, principalmente, a un problema de restitución del orden público, aunque esto signifique en la práctica seguir violando los derechos de quienes se manifiestan y que continuarán manifestándose contra un sistema desigual.
En cada acción del gobierno se puede reconocer nítidamente su estrategia de guerra interna. Al igual que en su declaración de guerra, Piñera se fotografía a los pies del monumento a Baquedano en la Plaza de La Dignidad, insistiendo en interpretar el papel de un general -momentáneamente- victorioso en señal de conquista del bastión del bando contrario replegado.
Ya se promulgó la ley “anti-saqueos” y “anti-barricadas”, la cual incluye acciones como “el que baila pasa”, tipificado como delito a la “alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia”.
La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la idea de legislar un proyecto de ley que busca calificar y sancionar como “daños” el pegar “stickers” (de ahí su nombre) en medios de transporte e “infraestructura asociada”. Con esto se pretende sancionar con pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y una multa de 20 UTM (cerca de un millón de pesos) el daño a un bus, tren, embarcación, aeronave u otro tipo de vehículo que preste servicios de transporte público, como también paraderos y letreros.
Quizás la columna vertebral de toda esta agenda se encuentra en la tramitación con suma urgencia de la Ley de Inteligencia, proyecto de ley que «Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado» (Boletín 12234-02) que otorga a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) la facultad de reclutar agentes de inteligencia de las ramas policiales para oficiar como “agentes encubiertos”, por un periodo indefinido. Y lo más peligroso, intenta poner bajo el mando de la Agencia los servicios de inteligencia de las policías y eventualmente las FFAA, quienes podrían realizar, incluso, labores de infiltración en los movimientos sociales. Es decir, se intenta incorporar a las FFAA en tareas de orden público interno, reforzando la idea de la guerra contra el enemigo implacable.
Resulta tan evidente la conciencia que tiene el gobierno de los crímenes cometidos y su preocupación por ser juzgados por cortes internacionales, que se ha enviado un Proyecto de Ley (PDL) a la Cámara de Diputados, que, en sus fundamentos, altera de manera sustancial el acuerdo suscrito por Chile para dar reconocimiento jurídico a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
El portal Interferencia.cl informó que un grupo de abogados en Europa el 2 de enero presentaron “un escrito ante la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional (CPI), acusando a Piñera, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas, además de otros, de graves violaciones a los Derechos Humanos. En este escrito pedían investigar a los nombrados para establecer si habían cometido delitos de lesa humanidad tras el inicio de la revuelta popular del 18 de octubre de 2019.”
“El nuevo proyecto de ley en el fondo es un intento desesperado por garantizar la impunidad de Sebastián Piñera y otros altos representantes del Estado de Chile requeridos por el alto tribunal”, señala a Interferencia.cl el abogado Ricardo Ignacio Bachmann, miembro del grupo de abogados que presentó el escrito ante la CPI.
Gracias a los poderes e instituciones del Estado que han preferido actuar como un solo cuerpo en defensa de este sistema corrupto y criminal, es que nos encontramos avanzando peligrosamente hacia la institucionalización de un gobierno autoritario, con miles de víctimas, muertos, torturados, mutilados, heridos. A las y los caídos en la revuelta, habrá que sumar los fallecidos en la pandemia, que a pesar de las mentiras ya se cuentan por miles. Imposible no pensar en los días oscuros y amargos de la persecución y represión durante la dictadura civil-militar de Pinochet.
Cada día que pasa el gobierno de Piñera adopta un tufillo más y más dictatorial. El Estado de Derecho -basado en el principio de “igualdad ante la ley” y respeto irrestricto a los Derechos Humanos de todos- desaparece. Nos encontramos caminando entre instituciones muy cuestionadas, cuyas débiles estructuras el régimen -prontamente- convertirá en ruinas.
Mientras llega ese momento, los abusos, el hambre, el sufrimiento y la muerte no se detendrán. Podemos estar seguros de eso, pues para ellos los nuestros no cuentan, “esos no cuentan”.
