Por Tamara González
Según cifras publicadas por el Ministerio de Salud (MINSAL), en el país se realizan más de 33.000 abortos por año, un aproximado de 90 abortos diarios en promedio. Amnistía Internacional redondea la cifra entre 60.000 y 70.000 abortos cada 365 días, mientras que el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva sitúa un promedio de 160.000 anuales.
Por su parte, la Mesa de Acción por el Aborto señala que la cantidad de abortos está entre los 80.000 a 260.000 casos anuales, destacando que solo un 3% de los procedimientos que se realizan se encuentran bajo la ley de aborto en tres causales. Por otro lado, la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA) menciona que el aborto en tres causales representa el 3-5% de los abortos realizados en Chile, sin diferir mucho de las cifras provistas por la primera organización mencionada.
Una organización lesbofeminista, que realiza acompañamientos en procesos de aborto, señala que el pasado año realizaron acompañamiento a más de 5000 mujeres que debieron someterse al procedimiento.
El asunto se reviste de una complejidad mayor cuando se da cuenta que las cifras, en su totalidad, resultan altamente inexactas debido a la frecuencia con que se realizan abortos en la clandestinidad.
En septiembre del año 2017, entró en vigencia la ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación. Según cifras entregadas por el MINSAL, sobre los procedimientos realizados desde que entró en vigencia la ley hasta septiembre del 2019, en Chile se han realizado solo 1.084 interrupciones de embarazo, siendo 447 por riesgo de vida de la madre, 462 por inviabilidad fetal y 175 por violación.
Existen 69 hospitales habilitados para realizar prácticas de abortos a lo largo del país dentro del marco legal. En 41 hospitales, la mitad o más de los médicos son objetores de conciencia en alguna de las tres causales. Esta llamada “objeción de conciencia”, en la práctica, les faculta para no cumplir la ley y no realizar procedimientos de interrupción en cualquiera de las tres causales donde puedan efectuar la objeción de conciencia; médicos obstetras, anestesistas, matronas y paramédicos.
Aquí entra en juego todo: el protocolo señala que cada recinto hospitalario habilitado para realizar el procedimiento debe contar con, al menos, un médico que no sea objetor, y que permanezca en el recinto de lunes a viernes, manteniendo los fines de semana a alguien que pueda cubrir esos turnos, y no se puede negar la atención después de entregar la información relevante que el paciente debe conocer. Sin embargo la realidad no es tan así, ya que, de la totalidad de médicos obstetras que son contratados por hospitales públicos, la mitad se ha acogido a la objeción de conciencia individual en al menos una de las tres causales.
El Centro de Investigación Periodística, CIPER, indica que 41 establecimientos de salud deben derivar pacientes a otros hospitales por causal de violación, puesto que todos sus médicos son objetores de conciencia. Las cifras en regiones son alarmantes: en Maule y O’Higgins más del 80% del personal médico es objetor de conciencia por causal de violación, y en la Araucanía más del 75%. En Cauquenes no pueden atender ningún caso de aborto, ya que todos los anestesistas y técnicos paramédicos se han declarado objetores en las tres causales.
El Ministerio de Salud publicó un listado con el número de objetores de conciencia por servicio de salud contratados a nivel nacional, el cual se desglosa de la siguiente manera: médicos obstetras 1214, objetores por causal riesgo de vida de la madre 223, inviabilidad del feto 307 y por violación 559. Anestesistas contando con un total de contratados de 823, objetores por causal riesgo de vida de la madre 74, inviabilidad del feto 111 y por violación 185, y profesionales no médicos y técnicos paramédicos que se desempeñan en pabellón de 2772 contratados se declaran objetores por causal riesgo de vida de la madre 236, inviabilidad del feto 329 y por violación 421.
La evidencia deja en claro que la mayor objeción de conciencia se da por causal de violación, validando un sistema patriarcal donde se cree que las mujeres están dispuestas para su consumo. Hasta el año pasado, la mitad de los casos que se acogieron a la causal de violación eran de mujeres menores de 18 años en donde un 80% de los abusos fueron cometidos por alguien cercano.
Existe además un listado de objetores institucionales que se declaran en dicha condición, enmarcada en la ley de las tres causales: Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro Médico San Joaquín, Centro del Cáncer, Centro Médico Irarrázaval, Centro Médico Alcántara, Centro Médico Lira, Centro de Especialidades Médicas, Clínica San Carlos de Apoquindo, CESFAM Madre Teresa de Calcuta, CESFAM Juan Pablo II, CESFAM San Alberto Hurtado, Clínica Adventista Los Ángeles, Hospital Parroquial de San Bernardo, Hospital Clínico de la Universidad de Los Andes y Clínica Indisa por causal de violación.
Las cifras anteriores nos demuestran que en Chile más del 90% de los abortos se realizan de manera clandestina; en casas, consiguiendo los medicamentos en el mercado negro de pastillas y no dentro de las causales, todo lo anterior debido a una serie de trabas burocráticas y cuestionamientos a las personas que intentan acceder a su derecho. Como el aborto no es libre, no contamos con una cifra real de abortos realizados, miles de casos se callan, miles de mujeres que quedan embarazadas prefieren guardar silencio, por un sinfín de motivos ¿cuántos de todos estos abortos que se realizan en la clandestinidad se tendrán que realizar por producto de violaciones las cuales no se denuncian por lo invasivo del proceso, por la sobre exposición y revictimización a la cual nos vemos sometidas por el poder judicial?.
La ilegalidad del aborto trae consigo una serie de factores que hay que considerar. En primer lugar nuestra salud, el aborto clandestino conlleva un tráfico de pastillas y la existencia de un mercado negro que está dispuesto a todo mientras juega con la angustia y desesperación de quienes necesitan de estos medicamentos, entregando dosis incorrectas, pastillas falsas, jugando con el futuro y la decisión de esa persona, haciendo un aprovechamiento de esta ilegalidad, sumado a organizaciones pro vida y antiderechos que se crean perfiles simulando ser distribuidores de pastillas para luego dedicarse a perseguir a mujeres sumidas en la desesperación de no querer continuar con embarazos no deseados.
Hemos podido evidenciar, durante la pandemia, cómo este mercado negro se ha visto incrementado por la escasez de misoprostol, medicamento utilizado para realizar estos procesos, recomendado por la OMS. En estos tiempos, en el caso de encontrarla, una dosis puede llegar a los 200 o 300 mil pesos, casi un sueldo mínimo. Todo producto del aprovechamiento de la no venta de este fármaco en Chile, el cual si se comercializaba hasta el año 2009.
Producto de esta escasez e ilegalidad, miles de mujeres se ven sumidas en la angustia, depresión, desesperación, rabia, pena y muchas tendrán que continuar con embarazos no deseados, porque el sistema nos niega el derecho a decidir lo que queremos para nuestras vidas interviniendo nuestros cuerpos a costa de su moralidad y falsas creencias.
Las cifras nos dejan en claro que la práctica del aborto se realiza legal o ilegalmente, tenemos la suerte de poder realizarlo, en contadas situaciones, de una manera más segura dentro de la ilegalidad, pero esto no tendría por qué ser así, tenemos derechos y deberíamos poder ejercer la soberanía de nuestros cuerpos, porque no basta con las tres causales, el Estado no tiene por qué inferir en nuestra decisión, no somos máquinas reproductoras para su sistema, somos mujeres que queremos ejercer nuestra libertad de decidir, queremos que la maternidad sea deseada y que quienes no quieran ejercerla puedan acceder a un aborto libre, seguro y gratuito, en donde no se corra el riesgo de ser encarceladas, ni el peligro de morir.
