Por Dani K. Arroyo
El pasado martes 12 de mayo, el Presidente Piñera y los Ministros Blumel, Larraín y Ribera enviaron un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados para modificar el acuerdo firmado por Chile que otorga reconocimiento jurídico a la Corte Penal Internacional de La Haya. El Mensaje N°063-368 busca modificar el marco de cooperación con la Corte Penal Internacional de tal modo a que el poder de aceptar o no la competencia de la Corte Penal Internacional en alguna materia recaiga en el Ministro de Relaciones Exteriores (actualmente, el Ministro Ribera) en lugar de el Ministerio Público.
Llama la atención que, en plena pandemia, las fichas del gobierno estén puestas en una legislación tan alejada del tema sanitario. Pero, esto se puede explicar al recordar que el 2 de enero, abogados chilenos en Europa presentaron una acusación contra Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, y Mario Rozas, entre otros, por graves violaciones a los Derechos Humanos en el trascurso de la revuelta popular que inició en octubre 2019. Estos escritos fueron recibidos el 15 de febrero, y en abril se enviaron más antecedentes. Además, desde diciembre 2019, el Ministerio Público cursa una investigación de las querellas presentadas por el Senador Alejandro Navarro, acusando al mandatario de crímenes de lesa humanidad durante el mismo periodo.
Mientras la autoridad del Ministerio Público es independiente al gobierno, el Ministro de Relaciones Exteriores, quien se encargaría de revisar la competencia de las acusaciones ante la Corte Penal Internacional bajo la Ley propuesta, es subordinado a la Presidencia. Es decir que, si se llegara a aprobar esta Ley, el poder de evaluar las acusaciones internacionales contra el Presidente y sus Ministros recae en el mismo Presidente y sus Ministros. Así, resulta evidente que es una movida de protección legal-política para el mandatario y su gobierno, quienes se enfrentan a la real posibilidad de quedar imputados internacionalmente por crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos.
Pero esto es solamente una etapa en la estrategia del blindaje político que está poniendo en marcha el mandatario y su gobierno. El 15 de mayo, Piñera realizó una reunión virtual con los/as Presidentes/as Bachelet, Lagos y Frei, y la oposición pactó con el oficialismo para promover un nuevo “pacto social” luego de la pandemia, a cambio de cooperación en medidas sanitarias. A través de estas iniciativas, Piñera se apoya en la institucionalidad preexistente y en otros grupos políticos para legitimar las decisiones y acciones de su gobierno, expandiendo sus redes de protección.
Esta estrategia de blindaje del gobierno se inscribe en un contexto de ampliación del aparato represivo. En los últimos meses, el gobierno ha invertido más de 15 millones de dólares en infraestructura antiprotesta, incluyendo camiones blindados y vehículos lanza-aguas. Sólo en la Región Metropolitana se ha invertido más de tres mil millones de pesos en equipamiento para la Policía de Investigaciones. Y, por supuesto, bajo el Estado de Catástrofe, nuevamente han salido las Fuerzas Armadas (incluyendo a las Boinas Negras) a las calles para controlar el cumplimiento de las cuarentenas. Los efectos de estas políticas de reforzamiento a las fuerzas del orden se ven en El Bosque y en La Pintana, donde los gritos de hambre se responden con represión.
Teniendo presente la expansión de las fuerzas represivas del estado, las medidas de protección políticas y legales que está tomando el gobierno muestran su lado más siniestro. Es evidente que son medidas que ofrecen al gobierno protección de las consecuencias de sus acciones entre octubre 2019 y marzo 2020. Pero también es importante considerar que son medidas que servirán en un futuro. Mientras el gobierno siga con una política de desprotección hacia los y las más vulnerables, solo crecerán las tensiones sociales que llevan a la protesta masiva. Si la estrategia de blindaje político del gobierno funciona, tendrán carte blanche para responder con toda la fuerza de la represión estatal ante las protestas que surgirán como consecuencia de las políticas insuficientes del mismo gobierno.
