Ha sido el Ministerio de Justicia y DERECHOS HUMANOS (y no Donald Trump) quien está actualmente impulsando dos proyectos que buscan expulsar del país a extranjeros que sean condenados por delitos de la Ley de Drogas y iniciar procesos de expulsión a migrantes no regularizados sin necesidad de notificar en un domicilio conocido.
Luego de observar sucesos como proponer Estados de Excepción más largos, queda claro que el Ministerio Justicia y Derechos Humanos ha trazado un camino: No abordar los procesos de fondo y sofocar sus efectos con puño de hierro, aunque haya que pasar a llevar derechos humanos y llevar a cabo prácticas institucionales racistas.
A pesar de que las personas migrantes recluidas actualmente son significativamente pocas, sin tomar en cuenta que el narcotráfico es un problema anterior a las olas de migración, arraigado en los territorios e institucionalidad del Estado, y con un proyecto que en el mejor de los casos afectará al microtráfico, el gobierno prefiere impulsar medidas que solo logran estigmatizar a toda la población migrante y que restringen su derecho al debido proceso, tal como lo hacen los populismos penales derechistas.
Teniendo la posibilidad de atacar las alianzas entre carabineros y narcotraficantes, las cuales abastecen de armas, municiones y permiten que los narcos se hagan del control de los territorios, el gobierno elige cortar los por más fino y de camino perpetuar la corrupción e impunidad al interior de una de las instituciones más violentas y deslegitimadas del país.
