Por Ignacio Kokaly
En todo negocio de moral o ética dudosa hay uno. Se trata de ese socio imprescindible, el que mueve las fichas e instrumentaliza la operación para que su cómplice logre su cometido. Al final del juego ambos ganan de alguna forma.
Si usted nació en Chile sabe lo que es el “palo blanco”, y que, en la política, estos se presentan con incluso mayor regularidad que en Paseo Ahumada.
No se sabe a ciencia cierta cuándo se instaló el “negocio” que esta semana impactó a la opinión pública, tampoco si es premeditado o una mala broma del azar jugando con las voluntades individuales, pero sí se puede afirmar que, cuando Sergio Pérez, Presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), amenazó a todo un país con iniciar un paro de transportistas, con el eventual desabastecimiento que ello acarrea en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes, el Ejecutivo encontró a su perfecto palo blanco. Ese socio cómplice que le ayudaría a presionar y acelerar los proyectos de ley que, desde los últimos días de manifestaciones masivas enmarcadas en el denominado Estallido Social, se encontraban en debate al interior del Congreso.
De igual manera, Pérez también se llevaría una tajada: La oportunidad de materializar viejos intereses a los cuales ningún Gobierno anterior habría cedido con tanta comodidad.
Pero basta pensar en los merodeadores alrededor de las mesitas donde se juega la popular estafa del “Pepito Paga Doble” para notificar que siempre hay más de un palo blanco. El segundo hombre que, solo adhiriendo a la propuesta de Pérez, le ahorraría al gobierno de Sebastián Piñera problemas en cantidades industriales, es José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur), nefastamente conocido estos últimos días por ser el emisor de la frase “no trasladamos ni un kilo de azúcar ni arroz a contar del jueves”, dijo con ese tufillo patronal.
Naturalmente, ningún palo blanco puede admitir que conoce al artífice del embauque, si lo hace el “negocio” se cae para todos, por eso quizás, Villagrán añade a la citada frase “perdón a la clase media y trabajadores, pero el problema lo está creando este gobierno ausente”, señaló, responsabilizando, en apariencia, al Gobierno por haber llegado a esta situación.
No obstante, y a pesar de que nieguen su relación y declaren a sus agrupaciones “apolíticas”, ambos dirigentes comparten una afinidad por el sector político del actual oficialismo. Sin ir más lejos, Villagrán fue candidato a través de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para un escaño en el Senado en el 2017, y Pérez integró el Consejo Ciudadano de Sebastián Piñera cuando éste último aún era precandidato a la presidencia, además de haber declarado hace tres años su beneplácito hacia el golpe de estado perpetrado por Augusto Pinochet, señalando que “la intervención militar del 73 ordenó al país”, espetó hace casi tres años a Radio Universidad de Chile.
Además, según se publicó en un reportaje realizado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), el hombre fuerte de la CNTC sería el dueño de Empresas Pérez, que hasta el 2015 contaba con una flota de al menos 70 camiones contratados bajo la modalidad de leasing.
Del gremio de transportistas, el único del grupo que se ha atrevido a decir algo medianamente cuerdo fue el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, Juan Araya, que al enterarse de las intenciones de Pérez y Villagrán señaló abiertamente que “no puede ser que un dirigente salga a decir que no se va a mover un kilo de arroz, ni un kilo de azúcar, ni los remedios. Eso es terrorismo”, dijo, confirmando de paso que su agrupación, la cual concentra la mayor cantidad de afiliados, no adhiere al paro encabezado por los dirigentes de la CNTC y la Fedesur.
Pero basta un bocinazo directo de la boca de estos señores para que vuelvan a penar los viejos fantasmas de 1972 y 1973.
Con todo, el trasfondo del petitorio que organizaciones como las encabezadas por Pérez y Villagrán llevaron al Gobierno luce muy distante de una presión hacia el Ejecutivo. No se trata de una piedra en el zapato, sino de algo que al actual mandato de Sebastián Piñera le acomoda. Así lo dejó entrever el Ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio cuando señaló que “nosotros entendemos que esa movilización no es en contra del Gobierno, sino en contra de la violencia (…) Los camioneros han dicho que hay una serie de leyes enviadas y en las que lamentablemente un grupo de la oposición no han querido avanzar y las han tenido detenidas”, dijo en relación a las leyes enviadas por el Gobierno al Congreso, de las cuáles, buena parte han recibido duras críticas por estar al filo del actuar de un gobierno democrático y criminalizar la protesta ciudadana.
Con ello se evidencian dos cosas: Que la presión emanada de este sector de transportistas está dirigida principalmente al poder Legislativo, y la ganancia que obtendrían todas las partes con la estrategia del paro de camioneros.
Y es que, según reveló el medio Interferencia, 10 de las 13 leyes que los camioneros pidieron acelerar respecto a su tramitación, han sido presentadas o por el gobierno de turno o por parlamentarios oficialistas de cara a un, cada vez más plausible, segundo estallido social. Lograr a como dé lugar que esas leyes se aprueben ad portas de un plebiscito que seguramente volverá a convulsionar el escenario social y político es una carta segura para un gobierno que, tal como se vio a finales de octubre, no escatimaría en utilizar la violencia de Estado para acallar las múltiples voces que todavía claman por justicia social.
De igual forma, hay un sinfín de cosas en el actual petitorio que aún no quedan del todo claras, por ejemplo, qué tienen que ver la pasta base y las maquinarias quemadas como para que los camioneros hayan incluido en su petitorio la aceleración de la Ley contra el narcotráfico; o qué tiene que ver la ley antiencapuchados — Principalmente abocada a manifestaciones— con algún concepto que aplique a los transportistas.
Y aquí está precisamente la tajada que se lleva el palo blanco. Si bien Sebastián Piñera tendría a su disposición su kit represivo, de funcionar la estrategia, Sergio Pérez por fin cumpliría uno de sus sueños de antaño.
Basta regresar al petitorio por parte de los camioneros que el año 2015 Sergio Pérez hizo llegar a La Moneda en medio de un verdadero espectáculo que incluyó una caravana de camiones transportando otras máquinas siniestradas como una especie de símbolo, y la amenaza de paralizar la actividad del rubro.
De los puntos que hace cinco años fueron presentados por el dirigente en la sede de Gobierno, vuelven a relucir, como si el presidente de la CNTC fuera un visionario de las intenciones del actual gobierno, la modernización a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones (PDI), modificaciones al Código Penal, la ley contra el narcotráfico y su propia versión de la ley antiencapuchados, que para el gremialista hoy lucen más plausibles que nunca.
Por primera vez en la historia de Chile, una paralización de camioneros favorece a los intereses del gobierno, que no ha dado señales claras de combatir a quienes insisten en lo mismo que ellos, aunque eso implique dejar sin comida o medicamentos a buena parte de la población en medio de una crisis mayor. Luce como un siniestro juego donde estrategas y palos blancos tienen su ganancia, y en el cual, la ciudadanía tiende a perder.
