Dani K. Arroyo
Bajo un cielo gris sombreado y el amenazante ritmo constante de la lluvia sureña, yace un portón cubierto con un lienzo que lee “Libertad presos políticos mapuche”, atrás del cual se encuentra la cárcel de Angol. Se escuchan, fuera del recinto penitenciario, los ruidos del campamento montado por las comunidades de los presos políticos mapuche que se encuentran en esta cárcel. Lentamente, se desliza el portón para dejar pasar un camión de carabineros, seguido por una ambulancia, y luego por un vehículo blindado de los mismos uniformados. En este momento, se escuchan gritos en apoyo a los huelguistas desde el campamento, mandando fuerza hacia los luchadores que se encuentran tras los barrotes. Es así como se desarrolla el video que muestra como Víctor Llanquileo, tras 114 días sin comida y dos sin si quiera ingerir líquidos, es trasladado en estado de suma debilidad hacia el hospital más cercano luego de una grave descompensación producida por la falta de alimentación prolongada.
Este lunes 24 de agosto, los ocho presos políticos mapuche encarcelados en la cárcel de Angol iniciaron una huelga seca tras 114 días sin ingerir alimentos sólidos; un día después, el martes, se sumaron los once presos en la cárcel de Lebu, luego de 50 días de huelga de hambre líquida. Esto se da tras el incumplimiento del gobierno de Sebastián Piñera con el compromiso pactado el 9 de agosto, cuando el Ministro de Justicia Hernán Larraín se habría comprometido ante el werken Rodrigo Kuripan y otros voceros de los huelguistas a resolver los puntos del petitorio de los presos políticos mapuche de Angol en un plazo de 12 días. Esta decisión por parte de los huelguistas es drástica, y sus consecuencias ya se hacen presentes en la condición de Llanquileo.
En sus 44 años, Llanquileo no ha sido ajeno a la violencia por parte del estado chileno; no es por nada que decide entamar una acción tan drástica como la huelga de hambre seca. Actualmente cumple una pena de 21 años de prisión a la cual fue condenado bajo las acusaciones de robo, porte de armas y porte de municiones. Sin embargo, no es la primera vez que Llanquileo se enfrenta con su cuerpo a una pena desmesurada exigida por el estado chileno: una declaración en apoyo a el preso político explica que “fue acusado por el ataque perpetrado en contra del Fiscal Elgueta en la comunidad de Choque, en Tirúa, el año 2008, por esta causa estuvo casi dos años privado de libertad en prisión preventiva, realizó una extensa huelga de hambre de más de 80 días de duración, causa en la que finalmente fue absuelto de todos los cargos, donde la fiscalía pedía 52 años y medio de cárcel”. Su hermana, Natividad Llanquileo, denuncia esta nueva condena: “La rabia, el dolor, la impotencia me embarga. Hoy la Corte de Apelaciones de Temuco condenó a uno de mis hermanos a 21 años de prisión como si fuera el peor de los seres humanos. Hoy actuó el racismo, el clasismo”.
Las secuelas físicas de una huelga de hambre de 80 días, luego otra huelga más de 114 días, son una metáfora viva para describir la agresión constante del estado chileno hacia el pueblo mapuche, y la criminalización de la lucha de este mismo. Victor Llanquileo denuncia tal situación histórica en una declaración ante el periódico El Pueblo: “hace mucho tiempo el Estado de Chile condenó a mi pueblo a la pobreza y al a exterminio. Hoy es ese mismo Estado enfermo por el cáncer de la corrupción que reacciona frente al pueblo indefenso. ¿A cuántas personas les han quitado la oportunidad de ver el amanecer o mirar crecer a sus hijos? O a cuántas personas han violado, torturado o asesinado”. Muchos otros presos políticos mapuche tienen historias similares a Llanquileo con las fuerzas represivas del estado. Danilo Nahuelpi (19 años) y Antu Llanca (20 años) ambos aparecen en ni más ni menos que el informe que dio origen al infame montaje que fue la Operación Huracán, donde ambos estaban acusados de ejecutar una serie de atentados; Danilo además fue una de las cinco víctimas de torturas, agresiones y tratos xenófobos por parte de carabineros en el 2016. Y así, los ocho huelguistas de Angol y los once de Lebu tienen en sus historias la prueba de una agresión constante desde las fuerzas represivas del estado hacia el pueblo mapuche en su totalidad.
En este contexto de hostilidad abierta e histórica hacia el pueblo mapuche en lucha, que los mismos huelguistas han vivido en carne propia reiteradas veces, la pasividad del Ministro Larraín y, más ampliamente, del gobierno de Piñera, ante las demandas de los presos políticos mapuche de Angol y Lebu no puede ser visto como nada menos que una agresión abierta, que nuevamente inflige extrema violencia hacia los cuerpos mapuche. Al dejar pasar el plazo de 12 días para responder a las demandas de los huelguistas, mientras tanto dichos huelguistas seguían sin comer alimentos sólidos, el gobierno entendía perfectamente que la próxima etapa sería huelga seca, y que esta podría traer graves consecuencias, como las que sufre Víctor Llanquileo actualmente. Es decir, la inacción se vuelve una táctica represiva para el gobierno, otra arma más en el arsenal de violencia que se maneja contra el pueblo mapuche. Mientras que Piñera coquetea con el gremio de camioneros, Larraín hace ojo ciego a los huelguistas y Pérez insiste tercamente que en Chile no habrían presos políticos, debemos recordar que la inacción del gobierno es últimamente responsable de las consecuencias de salud de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, y las futuras secuelas que esta tendrá en sus participantes, a mismo título que lo ha sido de las agresiones directas que se han cometido contra los mismos huelguistas anteriormente.
