Por Vocalía de Medio Ambiente USACH
Desde el año 2012 el estado chileno lidera el “Acuerdo de Escazú”, el cual promete ser pionero en brindar protección ambiental y en derechos humanos. Este tratado garantiza el derecho a que todas las personas puedan tener acceso a la información ambiental, de modo que esta se genere y divulgue de manera oportuna, accesible y comprensible. También promueve la participación pública en los procesos de toma de decisiones, revisiones o actualizaciones relativas a proyectos y actividades que se realicen en los territorios. Asegura a su vez, que la participación sea posible desde las etapas iniciales, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan a dichos procesos. Además, entre sus propósitos más importantes se encuentra la protección a los defensores ambientales, en donde se garantiza la existencia de un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales, además de que puedan actuar sin amenazas, restricción e inseguridades de por medio. Por otro lado, reconoce que se deben tomar las medidas efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar amenazas o intimidaciones a las que se puedan exponer en el ejercicio de sus acciones políticas. Por lo tanto, este acuerdo aborda aspectos fundamentales de gestión y de defensa ambiental en donde se tocan ámbitos que son relevantes para las personas y la relación con su entorno, como el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, la lucha por el agua, el aumento de los desastres naturales por la actividades antropogénicas, invasión de las industrias y el saqueo a los ecosistemas sin prejuicio alguno, entre otros. Esto genera una enorme vulnerabilidad social que se refleja en conflictos socioambientales dentro del territorio respecto a proyectos.
En un estudio de Global Witness, se exhibe que solo en 2018 alrededor de 164 activistas ambientales fueron asesinados por proteger sus tierras a nivel mundial. Los conflictos que ayudaría a resolver el Acuerdo de Escazú son fundamentales y vinculantes para los defensores en asuntos ambientales. “En Chile existen 116 conflictos socioambientales, de los cuales el 78% afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el 46% afecta el derecho a disfrutar de salud física y mental” (Mapa de conflictos socio ambientales INDH*).
El Acuerdo de Escazú liga los derechos humanos con el medio ambiente, busca la protección de la vida y los derechos de las personas que defienden la naturaleza. En Chile y América Latina muchas personas deben enfrentarse en desigualdad de condiciones tanto a privados como a sus propios Estados, quienes deberían estar velando por su bienestar. En el país se ha evidenciado que las personas que denuncian esta devastación se enfrentan a asesinatos, persecuciones y ataques.
Chile posee emblemáticos casos de asesinato como el de los comuneros mapuche Matías Catrileo y Camilo Catrillanca, también existen casos donde los mismos familiares por miedo a represalias aseguran que se “suicidaron”, donde luego se reconoce que habían sido amenazados como el caso de Juan Pablo Jiménez, presidente del sindicato número 1 de la empresa Azeta subcontratista de Enel, la muerte de Alex Muñoz García sindicalista en la empresa Paneles Arauco de Teno, Marcelo Vega Cortés a quien algunos tildan de “enemigo” de la empresa de celulosa Celco, Alejandro Castro dirigente de los pescadores artesanales de Quintero, entre muchos otros. Un caso que llamó bastante la atención en la opinión pública, fue el caso de Macarena Valdés, que junto a su esposo lideraron la resistencia contra un proyecto hidroeléctrico de dudosa legalidad cercano a su comunidad mapuche, caso en el que gracias a diversas investigaciones se sabe firmemente que fue asesinada pero los detalles aún se están esclareciendo. Por otro lado, no podemos dejar de preocuparnos por las actuales y múltiples amenazas realizadas a los activistas de MODATIMA Rodrigo Mundaca, y a su compañera Verónica Vilches. Actualmente, en la legislación chilena no se regula la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, cuestión que sí se realiza en instrumentos de carácter internacional y que Chile está pasando por alto como lo es la ratificación del Acuerdo de Escazú.
No podemos ignorar que a este Gobierno se le ha indicado en variadas ocasiones que DEBE FIRMAR EL ACUERDO y mientras hace oídos sordos, el tiempo que queda para ratificar este instrumento se va acabando. El diputado por la V Cordillera, Diego Ibáñez, calificó de “testarudez la actitud del Gobierno respecto de Escazú y esto se refleja cuando la ministra Carolina Schmidt indicó que los contenidos del tratado ya están cubiertos en la legislación chilena, ignorando por completo cómo por todo el país existen comunidades insatisfechas por la falta de participación ante los proyectos que irrumpen en sus territorios, personas amedrentadas por el solo hecho de defender el medio ambiente o quienes tememos que este periodo de emergencia generada por el COVID-19 se utilice para aprobar proyectos a espaldas de la ciudadanía”. Las organizaciones de la sociedad civil señalan “que en tiempos de pandemia, el Tratado medioambiental es una herramienta de la mayor relevancia pues obliga a los gobiernos a entregar información transparente que le permita a la ciudadanía tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños”. Mientras el Gobierno manipula cifras y trata de pasar por alto la Evaluación de Impacto Ambiental en diferentes proyectos, este acuerdo los obliga a dar la cara.
Además, al revisar las iniciativas de modificación al Sistema de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA), la última iniciativa ingresada se manifestó alertando a muchos. Hoy es más evidente que su contenido es completamente insuficiente, pues retrocede en protección ambiental y aunque enuncia intentar incorporar la participación ciudadana en todos los proyectos (DIA o EIA), no asegura que se le consulte a pueblos indígenas en todos los casos, por lo que las Declaraciones de Impacto Ambiental seguirán sin tener consulta indígena. Menos aún se plantea cómo solucionar la falsificación de las participaciones ciudadanas asegurando que se hicieron cuando realmente la comunidad no pudo participar. Tampoco aborda la problemática de que en contexto COVID-19, se estén realizando consultas ciudadanas online, donde no se asegura que realmente participe gente del territorio y comunidades vulnerables que tienen escasas herramientas para una participación vinculante. Es por ello, que sólo apunta a profundizar las brechas que existen entre grandes consorcios empresariales y comunidades locales.
Resulta contradictorio que el ejecutivo plantee mejoras al SEIA, cuando aún no firma el Acuerdo de Escazú que apunta a fortalecer el diálogo y la información en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº16: “Paz, justicia e instituciones sólidas”, si por otro lado asegura que la institucionalidad y leyes ambientales cubren todas nuestras necesidades. Además, ya existe conocimiento de que las modificaciones siguen sin asegurar lo que Escazú ratifica teniendo claramente intereses económicos de por medio. Por otro lado, existe incoherencia en el discurso de “Estos derechos están totalmente cubiertos” con “No hay ningún problema en avanzar en ellos”.
Aunque el Gobierno explica que el Acuerdo de Escazú no mejora los estándares ambientales nacionales, el país no cuenta con ninguna política que vele por mantener un entorno de seguridad en el cual las organizaciones y las personas actúen, tampoco cuenta con alguna política que garantice y fomente buenas prácticas para las empresas. Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, la crisis ambiental vivida en la Bahía de Quintero demuestra por qué hay que seguir avanzando en los derechos de acceso que busca garantizar este tratado, ya que “la gente de esa zona hace más de un mes que vive episodios críticos de contaminación y eso es nocivo para sus derechos humanos”. Según Liberona este acuerdo “si bien no tiene un efecto inmediato en la zona, sí es un acuerdo que permite ir construyendo más democracia, Justicia Ambiental y no discriminación que es lo que hoy día vemos en las zonas de sacrificio”. Laszonas de sacrificio poseen una concentración masiva de industrias contaminantes aledañas a la población para el desarrollo económico del país, donde no se respeta la legislación ambiental vigente y tienen a los vecinos constantemente expuestos a concentraciones de contaminantes mayores a los límites establecidos. Es por esto, que aunque la legislación diga en papel que no se puede exponer así a las personas, en la práctica la legislación no corre en las zonas de sacrificio, donde se ha visto que las empresas no tienen represalias. Bajo este contexto, no existe en Chile ningún tipo de mecanismo de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, a personas o comunidades vulnerables frente a proyectos de inversión que los afectan, lo que genera una brecha entre éstas y el poder de acceso que poseen las grandes corporaciones. La existencia de estos mecanismos de apoyo a personas o comunidades vulnerables es concebida por el Acuerdo de Escazú como una condición indispensable para la materialización y efectividad del derecho de acceso a la justicia ambiental.
La mayoría de los principios consagrados en este acuerdo, tales como el de igualdad y no discriminación, el de no regresión, el precautorio o el pro persona, no se encuentran contenidos en la legislación ambiental chilena, y en el caso de estarlos, no se respetan a cabalidad. Por esto es sumamente necesario que, de una vez por todas, el Presidente Sebastián Piñera explique al país, coherente y consistentemente, dónde y cómo la legislación chilena recoge los estándares contenidos en el Acuerdo de Escazú, porque, al parecer, vivimos en diferentes países. El que no se firme este acuerdo, apunta de forma evidente en contra de lo que los habitantes de nuestro territorio esperamos y necesitamos.
Finalmente, el Gobierno ha demostrado una incoherencia, poca credibilidad y una falta de compromiso en políticas ambientales internacionales, lo que da pie para pensar que este tratado genera incomodidad a grupos específicos del país respecto a sus intereses económicos, quizás no se busca proteger a nuestra gente en derechos ambientales o simplemente se tiene temor por el acceso a la información, participación y justicia que puede adquirir el pueblo. Chile necesita urgente una postura respecto a decisiones medioambientales y una mayor ambición en asuntos climáticos.
Entonces, ¿qué están esperando para firmar el acuerdo?
¡No esperemos que nos sigan matando!, Exijamos que Chile firme el acuerdo ¡YA!
