Con 16.025 casos y 227 muertos por COVID-19 confirmados en el país según el Ministerio de Salud, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), anunció el 27 de abril la reapertura del mall Apumanque para el día de hoy, 30 del mismo mes. En la comuna de Las Condes, existen 355 casos confirmados de COVID-19 y una tasa de incidencia de 107,3 a la fecha; es una de las comunas que primero entró en cuarentena por sus elevadas cifras de contagio. La reapertura del mall Apumanque se torna entonces emblemática – un laboratorio para idear la reapertura del comercio en la capital.
Resulta entonces imprescindible revisar el “Protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 en sector comercio” que difunde el Ministerio de Economía desde el 16 de abril, ya que delimita los deberes y obligaciones de la empresas comerciales frente a sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, es pertinente dar cuenta que este protocolo no ha sido firmado por el Ministro, ni ha sido publicado en el Diario Oficial, por lo cual no tiene ninguna fuerza legal en sí.
Este protocolo pretende, en sólo seis páginas, asegurar la salud de los y las trabajadores/as del sector del comercio. Comienza con “Recomendaciones generales para la implementación de medidas,” entre las cuales se encuentra la capacitación del personal en las medidas sanitarias y el COVID-19 en general; la difusión de las medidas de prevención; la realización de operativos de simulación para evaluar la implementación del protocolo; y la destinación de personal para asegurar el cumplimiento del protocolo.
Luego, describe con más detalle las medidas preventivas que se sugieren. Estas medidas van desde asegurar la disponibilidad de agua y jabón o alcohol gel, a la identificación del personal de alto riesgo, a la flexibilización de horarios para “evitar aglomeraciones”, a controlar la temperatura de los y las trabajadores.
Inmediatamente, se puede dudar la factibilidad de algunas de estas medidas. En primer lugar, ¿cómo se puede asegurar la disponibilidad de agua y jabón si hay comunas del país que apenas tienen agua para el consumo humano? En comunas como Petorca, esta condición es imposible de alcanzar. Además, en lo que respecta a las aglomeraciones, al considerar la demografía económica de la Región Metropolitana, es evidente que el hacinamiento en el transporte ocurrirá igual: la mayoría de los y las trabajadores/as del comercio se mueven desde las comunas del sur y del poniente hacia el sector oriente.
Por otra parte, según la OMS, un grupo de alto riesgo ante el COVID-19 son aquellas personas con un sistema inmune débil. En Chile, 71 mil personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de los cuales alrededor de 10 mil no están diagnosticadas (MINSAL, julio 2019). El efecto principal del VIH es el debilitamiento del sistema inmune, transformando a la persona afectada en un/a paciente/a de alto riesgo para muchas enfermedades, entre las cuales se encuentra el COVID-19. Es decir, hay por lo menos 10 mil personas (y no hay que descontar casos no diagnosticados de otras condiciones que provocan la inmunodeficiencia) que están en el grupo de alto riesgo sin saberlo – por ende, es imposible que se identifiquen con su empleador. Más allá del simple tema logístico, surge la pregunta: ¿es razonable que un/a trabajador/a tenga que compartir su historial médico con su empleador para no exponerse al contagio?
Por último, en un panorama más general, las recomendaciones del Ministerio se basan en la premisa que la empresa comercial misma se encargará de auto-supervisar la implementación del protocolo, sin necesidad de auditores externos. Más aún, no se establece ningún recurso ni recomendación en la eventualidad de que estos protocolos no sean cumplidos por la empresa, ni para él o la trabajador/a, ni para él o la cliente/a.
En la carrera para reabrir los malls y el comercio en general, el protocolo que propone el Ministerio de Economía entrega escasas protecciones, infringe en la privacidad de los y las trabajadores/as, y se sitúa en un marco legal netamente insuficiente para asegurar el cumplimiento de hasta las normas más básicas.
