Por Ignacio Kokaly
“Me daba vergüenza verlos. Si estaban hechos pedazos. De manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en una forma humana. Sí, les sacaban los ojos con cuchillos, les quebraban las mandíbulas, les quebraban las piernas. Al final les daban el golpe de gracia. Se ensañaron (…) Se los mataba de modo que murieran lentamente. O sea, a veces los fusilaban por partes. Primero, las piernas; después, los órganos sexuales; después, el corazón. En ese orden disparaban las ametralladoras”, con ese nivel de detalle, el ex general del Ejército, Joaquín Lagos Osorio, describió parte de las brutalidades que se cometieron bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Sus palabras, emitidas el año 2001 en entrevista con Televisión Nacional, particularmente sobre la Caravana de la Muerte, bien pudieron haber salido de la promoción de una horripilante ficción, donde los perpetradores de las escenas descritas ni siquiera serían calificados de humanos, sino como monstruos implacables.
Y en eso hay algo de verdad. La triste realidad, es que pasó, y a la luz de los hechos, somos los espectadores de la historia descarnada de Chile, porque cuando el recuerdo de las atrocidades cometidas por los exagentes de la DINA vuelve a estar vigente, y hay que defender una vez más lo poco que se ganó, significa que en materia de justicia para los familiares de la víctimas a manos de los monstruos que hoy habitan Punta Peuco, no hemos avanzado nada, más bien, se está a punto de retroceder de forma irreversible.
Con todo, desde hace unos días, el asunto ha hecho eco en la agenda pública, luego que, aprovechando la crisis sanitaria provocada por la expansión del Covid-19 en suelo nacional, un grupo de senadores de la UDI y RN presentaran un requerimiento para otorgar un indulto conmutativo a los reos de Punta Peuco, condenados a la reclusión en el recinto carcelario por su participación en graves violaciones a los Derechos Humanos y reiterados crímenes de lesa humanidad.
El hecho, se sumó al recientemente dictado fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que benefició, incluso con libertad y absolución de sus delitos, a 17 agentes de la DINA con eventual participación en secuestros, torturas y asesinatos contra los opositores del régimen de Augusto Pinochet.
Todo se ha ejecutado en el contexto de una grave crisis sanitaria que ha obligado a fijar los focos sobre su contención. Por la misma razón, llega a ser surrealista, y hasta indignante la insistencia de la derecha más dura para liberar a sus monstruos, dando cuenta de un aprovechamiento casi maligno y que raya en lo miserable.
Pero no sorprende. Lo cierto, es que se trata de un sector, que, irremediablemente, se ha esforzado en legitimar, a veces de una forma sutil, otras de forma muy abierta, las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el periodo más oscuro de la historia de Chile, y con ello, también justificar a los perpetradores.
Es irrisorio que ahora, convenientemente, se vista a los monstruos que cometieron alguna vez las atrocidades más grandes que se puedan imaginar, en la piel de pobres abuelitos indefensos, que, si bien se encuentran privados de libertad, cumplen su sentencia en un ambiente único y privilegiado dentro de la realidad carcelaria general del país.
Porque ahora que sus defensores reclaman el derecho a morir tranquilos en su hogar, es preciso recordar que a los seres queridos de sus víctimas no les dieron ni un hueso para enterrar, no porque no sepan dónde están, sino por crueldad.
Porque ahora hay recordar, que cuando el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decía hace tres días, en el contexto de un discurso anunciando la puesta en marcha del Hospital Félix Bulnes, respecto a su “Indulto Humanitario”, que “lo que busca este proyecto es permitir que las personas con enfermedades terminales puedan terminar sus vidas con sus seres queridos. El derecho a la muerte digna es algo que queremos”, no suena tan diferente a cuando, envalentonado, frente a un piño de pinochetistas recalcitrantes decía, según un archivo difundido por TeleSur, que “las condiciones de salud del Senador Pinochet, hoy día, son muy delicadas y todos nosotros las conocemos, el senador Pinochet y su familia están viviendo hoy tiempos difíciles, en Londres, en estos momentos, y por eso, merece toda nuestra solidaridad”, decía respecto a la detención internacional del máximo responsable de las monstruosidades cometidas en dictadura, relativizando los múltiples informes de atropellos a los Derechos Humanos en esa época, misma acción que volvió a llevar a cabo durante el denominado Estallido Social, cuando le quitó peso a los reiterados documentos en la materia que apuntaban directo a Carabineros de Chile.
Porque ahora, hay que dilucidar a qué sector pertenece Piñera, ese espectro político que, incluso con el fuego de la revuelta popular aún vivo, no se ha cerrado del todo a solicitar medidas que podrían engrosar la triste lista de injusticias en la historia de Chile.
La gravedad de todo esto radica en que, con ello, no solo se lograría una impunidad para los monstruos de Punta Peuco, sino que también se eliminan las posibilidades de cerrar una herida que jamás va a sanar si se insiste en forzar la liberación de los criminales más desalmados que han pisado este país.
Los monstruos viven en Punta Peuco, en la oscuridad, a la sombra de sus propios crímenes. Se trata de justicia, y en muchos casos, esta se queda corta.
