El brote de coronavirus en Chile se sigue expandiendo con rapidez, las autoridades han hecho diversos llamados, ineficientes por lo demás, para intentar controlar la pandemia que afecta a nuestro país, y gran parte del mundo. Las medidas que tomó el ejecutivo desde el 18 de octubre para criminalizar la protesta popular y las tomadas para frenar la pandemia son evidentemente desproporcionadas, dejando en evidencia que para Sebastián Piñera es más importante velar por los intereses económicos de los empresarios que por la salud del pueblo.
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó y aclaró las multas a las que se arriesgan los pacientes confirmados con la enfermedad, y que no cumplan el debido proceso de cuarentena.
“La persona que no cumple con la cuarentena, se arriesga a una sanción que va desde 0,1 a 50 UTM (desde cinco mil a dos millones 500 mil pesos), dependiendo del riesgo que ha significado para la población”, escribió en su cuenta de Twitter.
En la misma línea, agregó que “si usted sabe de alguien que no está cumpliendo esta cuarentena, es importante que denuncie a la autoridad sanitaria”, palabras que se sumaron a las de Sebastián Piñera.
Sin embargo, estas medidas parecen irrisorias, puesto que estamos hablando de un contagio que podría ser mortal, como ya se registró con dos adultas mayores de barrios populares. En Chile, incluso hasta en estos momentos de crisis sanitaria, evidenciamos que hay una salud y justicia para los ricos y una “salud” y “justicia” para los pobres.
A fines de octubre, pudimos observar cómo los grandes centros comerciales cerraron y el comercio paralizó su actividad por miedo a sufrir saqueos, los mismos saqueos que ellos han hecho a través de colusiones en un sinfín de oportunidades. En Plena crisis sanitaria, para ellos, los dueños del capital, es una medida extrema cerrar el comercio, no les importa la vida y la salud de las y los trabajadores que tienen que desplazarse de un extremo a otro en condiciones inhumanas por miedo al no ser despedidos. A los dueños de Chile solo les importa seguir generando ganancias.
Durante el mes de enero, se publicó en el Diario Oficial, la Ley antisaqueos y antibarricas, proyecto que busca “castigar con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave”.
Además, la normativa introdujo en el Código Penal el delito de saqueo, sancionando el robo en lugares no habitados, más aún cuando ocurre en un contexto de alteración del orden público o calamidad. Con estos agravantes, podría implicar condenas de hasta 15 años de cárcel. También habrá sanciones al llamado “el que baila pasa”, que podrían ser las mismas de la ley “antibarricadas” al considerarse un delito de obstrucción del tránsito.
Y no se queda ahí, puesto que, además, ingresaron proyectos de ley para tipificar como delitos usar punteros laser o pegar stickers en la vía pública, así como también que los militares puedan “cuidar” infraestructura critica sin la necesidad de un Estado de Excepción Constitucional. Incluso, Piñera señaló, sin ningún tipo de pruebas, que él tuvo información sobre los ataques a la red de metro o a instalaciones eléctricas y sanitarias. Nunca entregó ningún dato sobre sus declaraciones a la fiscalía.
Hace pocos días, se conoció el caso de un joven de 29 años que viajó a Temuco en avión y que era portador del COVID-19. El gobierno se querelló en su contra, sin embargo, el poder judicial, el mismo que tiene a cerca de 3.000 personas tras las rejas solo con información de carabineros y de los cuales ya conocemos sus montajes, decidió declarar inadmisible la querella, dejando en claro que en Chile hay justicia para ricos y pobres.
Para este gobierno es más importante velar por sus intereses económicos que proteger a millones de adultos mayores, que son las principales personas de riesgo de este virus.
El virus más mortal e incontrolable para Chile es Sebastián Piñera que ha dejado a 43 personas muertas, 448 mutilados, 5.558 denuncias por violaciones a los derechos humanos y donde solo 38 agentes del Estado han sido formalizados, además ha dejado más de 35.000 detenidos de los cuales hay cerca de 3.000 que actualmente están en prisión y más de 13.000 heridos.
