Por Julián Pérez
Las cosas como son: en materia de Derechos Humanos o se está de un lado o se está del otro (el contrario), es por ello que la gestión de Sergio Micco en ese aspecto no resiste matices: se ha ubicado del lado de los violadores de Derechos Humanos, tanto de los responsables políticos (Piñera) como también de los responsables materiales (pacos y milicos). La Revuelta Popular iniciada en octubre del 2019 no solamente fue un proceso ofensivo y de masas que se orientó hacia la movilización en torno a un conjunto heterogéneo de reivindicaciones de clase, fue también un proceso donde el poder dominante -representado en ese momento por las figuras nefastas de Piñera y Chadwick- sacó todo su arsenal represivo contra las fuerzas sociales que protestaban en las calles. Hasta allí nada sorprendente: los pueblos de este territorio luchando por una vida mejor y más digna, mientras el gobierno de los grandes grupos económicos defendían con unas uñas y dientes sus privilegios sociales y políticos, sus símbolos de poder y, por supuesto, sus descomunales tasas de ganancias amasadas a partir de una expoliación clasista sin precedentes en el propio Chile y la región. Lo importante de este contexto de aguda lucha entre clases, es más bien lo que se dio desde el Instituto de Derechos Humanos, INDH, presidido por el DC Sergio Micco. No vale la pena detenerse en enumerar al detalle las cantidades de atropellos que cometieron las fuerzas represivas del Estado contra el pueblos, pues ello se cuenta por millares y que, por cierto, son reconocidos a escala internacional. El asunto puntual es otro. El INDH se supone era el organismo que estaba convocado a, precisamente, hacer un registro objetivo y empírico del actuar del Estado frente a las personas que legítimamente protestaban, y a partir ello denunciar y colaborar en la búsqueda de justicia y reparación de las víctimas. Pero el resultado fue todo lo contrario. Desde un principio, aunque de forma más bien solapada, el INDH fue matizando una parte importante de las denuncias que se realizaban desde las víctimas de la violencia estatal, así como también desestimando las pruebas que se presentaban para dar sustento indiscutible a dichas acusaciones. Lo mismo con la prisión política, tanto de lxs presxs se la revuelta como también de lxs presxs mapuche y las decenas de personas privadas de libertad también por razones políticas (entre ellas el Comandante Ramiro, por ejemplo). En ningún caso Micco y compañía han jugado rol alguno, es claro que no se han preocupado de denunciar las condiciones infrahumanas y degradantes que han vivido y viven las miles de personas que han pasado por tribunales y cárceles estos últimos años. Por supuesto, no es un secreto que la prisión política en Chile existe con fuerza, así como son a todas luces conocidas las políticas represivas que impulsaron los gobiernos de la Concertación durante los primeros años de transición, donde precisamente el partido de Sergio Micco (DC) fue quien organizó y lideró toda esta política (junto con el soporte del PS); la misma Cárcel de Alta Seguridad (CAS) fue diseñada y construida en “democracia” con el objetivo de encarcelar a nuestrxs presxs políticxs. Pero resulta aún más grotesco cuando esto se da en medio de un ciclo masivo de movilización popular donde la actuación represiva era transmitida en vivo por los matinales faranduleros durante todo el día y para todo el mundo. Ni las personas mutiladas, golpeadas, torturadas y asesinadas en vivo y frente a las cámaras de televisión y celulares fueron suficiente para Sergio Micco y su pandilla. El broche de oro de produce justo ahora: Sergio Micco tomó la decisión, en nombre del INDH, de no presentar querellas criminales por violaciones de Derechos Humanos contra los agentes estatales que cometieron estos delitos (de lesa humanidad). Y es así como el escenario para el poder no puede ser más perfecto: la institución rectora de los Derechos Humanos en Chile tomó posición junto a Piñera, sus ministros, pacos y milicos.
